REPRESIÓN EN EL DESALOJO DE LA TOMA DE TERRENOS EN PATAGONES /ESTIGMATIZACIÓN/ MERCANTILIZACIÓN

La ocupación surgida el miércoles 25 de febrero pasado en terrenos linderos al barrio Néstor Kirchner y la ruta nacional N° 3 en Patagones, fue violentamente desalojada, el lunes 2 de marzo, por más de 100 efectivos de la Policía Bonaerense, luego de una orden judicial haciendo lugar a la denuncia del municipio maragato contra los vecinos por el delito de “usurpación”.

Los vecinos resistieron la represión respondiendo con piedras a las balas de goma y gases de la policía, pero los efectivos lograron desocupar la toma, quemando casillas y dejando el terreno “limpio” por medio de las topadoras.

El resultado del desalojo fue 12 personas detenidas, entre ellas 4 menores y siete personas heridas, entre vecinos y personal policial. El resultado también fue, más de cincuenta familias sin lugar donde vivir.

Otra vez la respuesta del municipio (como ocurrió en Viedma), fue la misma: “se trataba de una acción ilegal de los vecinos (“usurpación”) y los predios ocupados estaban destinados a (potenciales) “espacios verdes”. La represión –además de la estigmatización[i]- ha sido una constante en estos años en tomas que han tenido un impacto nacional[ii].

Las tomas de terrenos en Patagones, como en Viedma tienen larga data. En Viedma, del año 2000 al 2009 se desarrollaron cuatro ocupaciones (Nehuen, “30 de marzo”, Loteo Silvay Santa Clara)[iii]. Durante el 2012[iv], un importante número de tomas se desencadenó en la ciudad luego de algunos años sin ocupaciones (barrio Inalauquen, El Progreso, El Cóndor etc). En Patagones, si bien ha habido ocupaciones de algunos predios, no se observaron experiencias tan masivas ni organizadas como la que fue reprimida. En este sentido, esta toma en cuestión implica un nuevo quiebre, ya que se trató de una experiencia masiva (cerca de 70 familias) que como los mismos vecinos expresaron en los medios “no ingresan en los programas ni planes de vivienda”.

Hay que recordar que en los últimos años la política de tierra y vivienda ha sufrido un proceso de mercantilización por lo que las instituciones encargadas de garantizar el derecho han virado en su objetivo de origen. Los planes de vivienda se gestionan a través de mutuales o gremios e implican como condición, cierto nivel de ingresos permanentes. Condiciones que claro está, no cumplen los sectores populares. En tanto, programas como el PROCREAR están dirigidos a la clase media, por lo que no modifican la situación de los sectores más desfavorecidos.

Mientras tanto, la mayoría de los medios y la clase política local siguen haciendo hincapié en el delito (“usurpación”) y en las “internas políticas”, invisibilizando una problemática social generalizada. La toma y su crecimiento (que se produce en cuestión de horas) es el síntoma más claro de una problemática que no ha sido solucionada en los últimos años y que promete profundizarse al calor de la lucha y la organización de los vecinos.

----------------------------------

[i]En una conferencia de prensa conjunta con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2010), Aníbal Fernández (por aquel entonces  Jefe de Gabinete de la Nación), expresó que “todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de viviendas, ni del plan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni del Plan Federal. De ninguna manera en ninguno de los planes tendrá derecho a acceder a la vivienda aquel que tome o usurpe un terreno, vuelvo a insistir, público o privado. No solamente nos detendremos en ese punto, porque aquel que usurpe o tome un terreno público o privado, aparte de no tener derecho a formar parte de un plan de viviendas, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, o acceder en tiempos futuros a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Con lo cual, las condiciones son las de discutir las cosas en el ámbito que corresponda y no ser beneficiados bajo ningún punto de vista por presión alguna, mucho menos en términos de tomar un espacio, vuelvo a insistir, ya sea público o privado”. (Fuente: www.casarosada.gov.ar).

[ii]La Toma del Parque Indoamericano (2010) fue brutalmente reprimida por la Policía Federal Argentina y la Policía Metropolitana –a lo que hay que sumar la intervención de patotas y barrabravas-, con un saldo de tres muertos. Un saldo aun mayor, con cuatro muertos, tuvo la toma en los territorios de Ledesma en Jujuy (2011).

[iii]En la toma del Loteo Silva (2009) el municipiode Viedma -gestión de Jorge Ferreira-avanzó en la judicialización por tratarse de tierras fiscales, proceso que concluyó con unprimer desalojo violento de las familias, que más tarde volvieron al lugar encoincidencia con la visita de la Misión AGFE de las Naciones Unidas.

[iv] En el momento en que se producen estas tomas, el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck expresó que “en Cipolletti utilicé una figura legal que dio resultados, que es la figura de la asociación ilícita. Cuando más de dos personas se unen para generar alguna acción planificada, premeditada y con organización es asociación ilícita. Y si en Viedma estamos en presencia de camiones identificados, de grupos de personas que hacen esto, de elegir propiedades públicas, como está pasando, no estamos en presencia de actitudes desesperadas de la gente, sino que gente que se organiza para quedarse con lo ajeno”.